Un tribunal federal de apelaciones en San Francisco resolvió que el expresidente Trump puede mantener el control sobre la Guardia Nacional de California, al menos temporalmente, mientras sigue el juicio presentado por el gobernador Gavin Newsom. La decisión autoriza que las 4 000 tropas en Los Ángeles sigan bajo mando federal mientras se desarrollan los procedimientos judiciales, suspendiendo por el momento la decisión anterior que exigía su regreso al mando estatal.
El conflicto se inició el 7 de junio, cuando el exmandatario decidió integrar a la Guardia Nacional bajo control federal y envió a 700 infantes de marina para incrementar la fuerza militar en Los Ángeles, asistiendo a los oficiales federales durante manifestaciones relacionadas con acciones migratorias. Este movimiento de tropas, realizado sin la anuencia del estado, representa la primera ocasión desde 1965 en que se realiza un despliegue tan amplio sin el visto bueno del gobernador.
En una sesión reciente, el Noveno Circuito del Tribunal de Apelaciones afirmó que el presidente posiblemente operó acorde con el marco legal federal, indicando que las protestas se habían transformado en conductas violentas hacia empleados y bienes federales, además de ataques con escombros y cócteles molotov. Aunque determinó que el presidente debía informar al gobernador, corroboró que la decisión de una corte de primera instancia fue demasiado limitada, ya que no existía autoridad para impedir la acción presidencial.
El dictamen del juez de distrito Charles Breyer, presentado el 12 de junio, establecía que el proceso de federalización era ilegal, señalando que no se habían satisfecho las condiciones legales necesarias y que no había una «rebelión» según lo requerido por la ley. No obstante, la apelación detuvo la ejecución de esa decisión mientras el caso continúa su desarrollo.
El panel del Noveno Circuito —integrado por dos jueces designados por Trump y uno por Biden— enfatizó que la ley otorga amplio margen al presidente en asuntos relacionados con la protección del cumplimiento federal, y que corresponde al tribunal ejercer una revisión “altamente deferente». No obstante, rechazó la tesis de que la decisión presidencial está completamente fuera del alcance judicial.
Mientras el proceso legal sigue su curso, California puede decidir elevar una apelación ante el pleno del Noveno Circuito o incluso presentar el caso ante la Suprema Corte. Asimismo, podrían sostener que la utilización de las fuerzas armadas para respaldar tareas de la ley federal —una posible infracción de la ley Posse Comitatus— necesita una revisión más detallada en el tribunal.
En su respuesta, el gobernador Newsom afirmó que “el presidente no es un monarca ni está exento de la ley” y confirmó que California continuará defendiendo la soberanía estatal y los derechos civiles en los tribunales. Por otro lado, el expresidente Trump consideró el veredicto como un “gran triunfo” para la seguridad nacional, sosteniendo que la Guardia Nacional debe tener la capacidad de ser desplegada si las autoridades locales no consiguen mantener el orden.
En todo el país, el asunto ha comenzado una discusión intensa acerca del rango de los poderes presidenciales en lo que respecta al uso de la Guardia Nacional, el federalismo y las restricciones del control judicial. Es la ocasión inicial en sesenta años que la Guardia se federaliza sin el acuerdo de un gobernador, lo que suscita inquietud sobre precedentes arriesgados y la erosión de los mecanismos legales y la revisión institucional.
Actualmente, en Los Ángeles, la presencia militar permanece, aunque las manifestaciones han bajado y el alcalde eliminó el toque de queda. No obstante, continúan las tensiones y dudas sobre la colaboración entre las autoridades civiles y las militares, así como el efecto en la supervisión y el control social.
Un momento crucial será la audiencia con el juez Breyer, programada para este viernes. En dicha sesión se podría emitir una orden provisional más extensa que delimite con claridad el uso autorizado de las tropas. La resolución del caso impactará de forma duradera la interacción entre la autoridad federal y los estados, los poderes del presidente y el papel de las fuerzas armadas en misiones civiles.