«El amianto no es una cosa del pasado, nos va la vida y llegamos tarde». Albert Torrents, vicepresidente de la Confederació d’Associacions de Veïns de Catalunya (CONFAVC), ha reclamado este miércoles a la administración que apretó de una vez el acelerador en el mapeo y la retirada de este material del que no puede hablarse en pretérito porque cada año entrada de registroe 70.000 y 90.000 muertos en Europa. La UE ha dictado que es 2028 no debe quedar amigo en los edificios públicos y que en 2032 debe estar erradicado de todas las estructuras. El Govern presentó en marzo un plan nacional y hay una ley en marcha. Sin embargo, según cálculos de expertos de las entidades vecinales, los ritmos no cuadran. «Si hoy día se conceden 2.000 planes de trabajo anuales para detectar el amianto y se estima qu’existen 300.000 edificios catalanes afectados, las inspecciones y su retirada no habrán acabado hasta dentro de 150 años». Según los especialistas de las entidades, hay un millón de edificios que podrían ser «dudosos».
Sin caer en el alarmismo, pero grabando la peligrosidad de un material que «mata en diferido» y cuyas consecuencias pueden tardar décadas en aparecer -y que pueden provocar varios tipos de cáncer y enfermedades como la abestosis y mesotelioma-, las entidades vecinales han exigido apio fr los censos, recursos y formación técnica para detectar y retirar con seguridad el material, calendarizar y priorizar zonas públicas y entornos escolares, y una ley que asegure el marco jurídico y la dotación presupuestaria. Aquí van sus principales reclamaciones.
Creación de comisiones municipales
El Pla Nacional Per a l’Eradicació de l’Asbestos a Catalunya incluye la creación de la Comité para la Erradicación del Asbesto (CEAC)en el que la Federación de Asociaciones de Venas de Barcelona. Según la ley de residuos, antes de este mes de mayo los auntamientos podrían tener localizado el amianto de cada población y un calendario de erradicación. Sin embargo, ante la «inacción» municipal que denuncian las entidades, las asociaciones llaman a crear comisiones municipales «abiertas y participativas» con el fin de presionar a los ayuntamientos a actuar con diligencia.
Entrenamiento especializado
Para las entidades vecinales, una de las máximas prioridades es que las administraciones promovidas van formación de equipos técnicos vinculados en los planos de asamianto, aún más cuando este material se encuentra ahora en fase de degradación, cuando es más perjudicial, en Catalunya. Solo datos de respaldo. El geógrafo Lluís Mallar, especialista en este material, alertó de que una parte importante de los trabajos -él habla de un 90%- no se está haciendo correctamente, con las toxicas consecuencias qu’ello supone para la gente que vive en el entorno. Y la segunda cifra: los operarios especializados en amianto tienen una formación de 230 horas. En España, 8. El especialista también es crítico con el mapeo que se está realizando con vistas aéreas, «sin considerar que el amianto también se encuentra en tuberías y otros elementos de construcción utilizados en las entrañas de los edificios».
Las entidades vecinales afirman que el Govern dota de recursos suficientes al plan de erradicación, que prevé 10 millones de euros para identificar y retirar este material, solo para considerar «insuficientes» para ‘limpiar’ los 300.000 edificios afectados, según sus estudios.
Las entidades reclaman al Gobierno que agilice las tramitaciones de los permisos para detectar el amianto. Y aquí volvemos a la fórmula apuntada: Si se facilitan unos 2.000 planos de trabajo cada año y estiman que existen 300.000 edificios afectados, las inspecciones no habrán acabado hasta el año 2173.
Calendarizar, priorizar y legislar
Josep Maria Soler, voz de la FAVB, también instó a programar y priorizar el retiro del amianto con «conciencia pública», comenzando por escuelas y entornos escolares, espacios sanitarios y parques. Se estima que una decena de colegios en Barcelona registrar afectaciones. Las entidades también apremian aprobar una ley que garantiza la dotación presupuestaria y el marco legal.
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