La Fiscalía paga la quema de rastrojos en el punto de mira de la lucha contra los incendios | Clima y Ambiente Medio

Detrás de la mayoría de incendios forestales que investigan los impuestos especializados en Medio Ambiente no hay una acción deliberada, sino negligencias. En 2022, por ejemplo, el 63,5% de los incendios investigados por el ministerio público tuvieron su origen en acciones descuidadas, imprudencias o en la déjadez. Aunque las casuísticas son muy variadas, las quemas de rastrojos ocupan un lugar predominante. Por lo tanto, Antonio Vercher, el fiscal de sala de Medio Ambiente y Urbanismo, ha puesto en el punto de mira de la lucha contra los incendios la quema de rastrojos. “Como consecuencia de este tipo de prácticas se produce un número importante de incendios forestales que generan procesos penales en el país”, advierte.

Vercher, en un escrito enviado la semana pasada a todos los impuestos de medio ambiente de España, les pide que presten especial atención a estas quemas de rastrojos y les recuerda que la nueva ley de residuos, aprobada en 2022, establece con carácter general el veto de «la quema de residuos vegetales generados en el entorno agrario o silvícola», aunque tras las protestas de una parte del sector, el Gobierno dejó fuera de este veto a las pequeñas y las microexplotaciones agrarias. El restaurante deberá contar con una autorización de los Gobiernos autónomos y justificar adecuadamente que no tienen otra dechacerse de esos residuos y, de lo contrario, existe un riesgo de “propagación de plagas” o, precisamente, de incendios.

Todo esto no impide que las comunidades autónomas puedan decretar la prohibición total de ameter quemas en situaciones de riesgo. En 2020, por ejemplo, más de la mitad (el 53,5%) de los incendios investigados por los impuestos originados por negligencia a la hora de destrucción de esos residuos agrícolas, por lo que es una de las primeras medidas preventivas que adoptan las Administraciones cuando los pronósticos son negativos.

Aunque siempre resulta complicado pronosticar como será una temporada de incendios, los primeros datos hacen que muchos expertos estén preocupados por lo que pueda ocurrir en los próximos meses. En su escrito, fechado el 16 de mayo, Vercher recalca que las previsiones «apuntan a una alta probabilidad de que las temperaturas sean superiores en toda España a lo ordinario» pendante lo queda de primavera y el verano. Asimismo, «existe probabilidad de precipitaciones menores». Por lo que el coordinador de los impuestos ambientales alerta: «el aumento gradual de las temperaturas y el menor volumen de precipitaciones con carácter general hacen preciso extremar la vigilancia y las precauciones».

Vercher también recuerda en el escrito la labor qu’están realizando y los cuerpos policiales para detectar las «acumulaciones de restos vegetales en zonas de monte» que por estar abandonadas o por su localización junto a áreas verdosas, pueden favorecer la propagación de las llamas en el caso de salar la chispa. Entre las recomendaciones a los impuestos que recibe Vercher, se recuerda «la importancia de la vigilancia respetando al cumplimiento de la obligación de tener planes de prevención de incendios». Todos los ayuntamientos con superficie forestal deben contar con este tipo de planos, que incluyen medidas para evitar que salten lamas y para coordinarse mejor cuando se inicie el fuego para minimizar los daños.

Colateral Daños

Tanto los impactos más visibles de los incendios forestales sólo serán aquellos que afecten directamente a los vecinos, ya que éstos viven de los animales, las filtraciones dejan detrás un rastro en la flora y la fauna que los investigadores se encontrarán más por poder valorar para pedir que sean subsanados por los responsables del desastre. Estos daños llegan a menudo hasta el subsuelo, por el aumento de la erosión del terreno fruit de la pérdida de la cubierta vegetal, y pueden afectar la calidad del agua y también a la cantidad, al causar cambios en el terreno que impida que el el agua se filtra correctamente.

Los investigadores no tenían hasta ahora de cuantificar esos daños en acuíferos y aguas subterráneas, por lo que la Fiscalía de Medio Ambiente ha pedido al Instituto Geológico y Minero, que ha ideado una fórmula matemática para poder cifrar el impacto en función de distintas variables.

El fiscal de Medio Ambiente ha dirigido otro escrito a las fiscalías territoriales en que da cuenta de esta nueva vía e insta a qu’applies en todos los incendios en los que puede pedir responsabilidad por el impacto sobre las aguas subterráneas. Este impacto, explicó Vercher, puede ser de dos tipos: sobre la cantidad de los recursos hídricos subterráneos o sobre su calidad. Los incendios, explica el fiscal, tienden a reducir la cantidad de agua que se infiltra en el subsuelo debido al incremento de la escorrentía superficial ya la pérdida de permeabilidad algunas zonas debido al arrastre de partículas provenientes del suelo hacia el interior que lo acaban de impermeabilizar. Es decir, el agua fluye pero no se filtra.

Para estimar este impacto, el escrito del fiscal describe las variables que hay que tener en cuenta, como el tipo de acuífero (en función del tipo varía la posible afección), su posición, el uso al que estaban destinados ese agua y el área del acuíferos afectados. Para trasladar el valor del impacto a términos económicos, la Fiscalía propone poner en relación la superficie quemada y la estimación de los metros cúbicos afectados o perdidos por hectárea, para obtener así el volumen de agua subterránea afectada o perdida. A partir de este resultado, se pueden estimar los impuestos y la importación perdida total utilizando las cifras que utilizan las Confederaciones Hidrográficas para aprobar indemnizaciones por daños y perjuicios ocasionados al dominio público hidráulico en casos, por ejemplo, de captación ilegal de agua.

El escrito enviado a los fiscales insta también a valorar los gastos ocasionados por la extinción del incendio, en el que deben incluirse «toda surerte de vehículos y media instrumentales y humanos de los que se haya hecho uso», e incluso el precio del agua utilizado para la extinción. “Este es en última instancia gas para tener valor económicamente valorable, que sólo se constituye por el aprovechamiento del precio del agua, sino también por la valoración de las deficiencias que en ocasiones se produce en el lugar del que se extrae”, advierte Vercher.

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