Cristina Perpiñá-Robert (Barcelona, 1969) dirige la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE), una institución que parece haber puesto a raya los escándalos, que no abandonaban el palacete modernista que alberga su sede en el centro de Madrid desde que en 2011 fuera detenido Teddy Bautista por supuesto desvío de fondos. El antiguo presidente de la entidad, absuelto diez años después, inauguró una década de sobresaltos que hizo que la sociedad fuese un lugar poco atractivo para hacer carrera. Desde la renuncia del músico han desfilado al menos seis presidentes (alguno duró incluso tres meses) por los pasillos del palacio de Longoria sin contar los dos interinos. Y otros tantos directores generales.
La última: Perpiñá-Robert, que ahora cumple un año en el cargo de la empresa gestora de los derechos de autor presidida por Antonio Onetti desde 2020, el periodo de paz más largo conocido desde 2011. Solo una mujer que se considera de la casa (trabajó en la SGAE entre 1998 y 2018) podía coger el testigo de este puesto envenenado. “Sabía que no es el lugar más estable del mundo”, admite, “pero ya se habían encauzado muchos temas y faltaba dejar atrás lo que ha sufrido la entidad e iniciar una nueva etapa”.
Y esa nueva etapa que, en principio, iba a consistir en el proyecto de transformación digital de la entidad, se tornó en una vuelta a los básicos. Y es que “la sociedad se había desviado de lo que es el negocio de una entidad de gestión, que es recaudar y repartir”, señala. De ahí que la directiva se dedicase a ajustar las tarifas a la orden ministerial que se publicó cuando se incorporó a la SGAE, a aportar claridad al marco tarifario y a firmar la paz con los usuarios, desgrana: “Llevamos muchos años de conflictos con las televisiones y tenemos que conseguir una relación estable y cordial porque son nuestros principales clientes”.
El primer año de la directora general de la SGAE ha sido más de “apagar fuegos” que de diseñar un plan estratégico, reconoce. “Ha habido muchos temas muy urgentes que solucionar”. Como ejecutar la sentencia judicial de una de las derivadas del conocido como caso rueda (64 millones de euros entregados a 40.000 autores por la música emitida en televisión entre 2015 y 2018, que los tribunales anularon el pasado agosto, para obligar en segunda instancia a rehacer sólo el reparto correspondiente al año 2015), cuyo coste fue asumido por la organización conforme a su recomendación “para no reabrir la herida de la rueda, que ya se había cerrado”.
Ahora la institución está negociando con las televisiones y las entidades de radiodifusión para conseguir llegar a una situación estable, indica Perpiñá-Robert: “Tenemos que dejar atrás tantísimos conflictos, los numerosísimos pleitos que hemos tenido, que son agotadores tanto para los usuarios como para las entidades de gestión. Al final tenemos que convivir: ellos son nuestros máximos usuarios de repertorio y nuestros autores viven de la recaudación de derechos de estos usuarios”.
Así se llega a la siguiente batalla abierta que la ocupa desde que accedió a la dirección de la SGAE. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) acusó a la sociedad en 2022 de abuso de posición dominante en la aplicación de sus tarifas a radios y televisiones (situación que se repite en distintos juzgados). Por supuesto, la directiva no piensa que sus tarifas sean anticompetitivas y quería habérselo explicado a las autoridades de Competencia, con las que pretendía llegar a un acuerdo. Pero señala: “Ni siquiera nos han recibido”.
Perpiñá-Robert espera una multa. Está disgustada porque le “parece sorprendente que la CNMC insista en intervenir cuando todas las partes implicadas están trabajando para llegar a un acuerdo”. “Hemos logrado acuerdos con SEDA, también con DAMA, estamos cerca con las televisiones… Sería una pena que la CNMC no viera que el sector ha solventado los problemas y quiere una solución pactada”. Sobre la multa, la directiva asegura que la recurrirán como ya hicieron con otra de casi tres millones de euros que el pasado enero la Audiencia Nacional falló a favor de la sociedad gestora de los derechos de autor en España.
“La SGAE lo que tiene que hacer es trabajar”, lanza una y otra vez la ejecutiva. Esa es la manera, a su juicio, de recuperar la reputación perdida tras tantas trifulcas. “Trabajar bien, tener un marco tarifario estable, buenos acuerdos con los usuarios y ser lo más transparentes y rápidos posible en la recaudación y reparto de los derechos para los autores”, enumera.
Recién nombrada vicepresidenta de BIEM (sociedad internacional de derechos de reproducción mecánica), la directiva señala que la SGAE empieza a ser un interlocutor importante en Europa (“donde interesa cómo manejamos los conflictos con algunas operadoras”). Las cifras de recaudación acompañan: los 349,1 millones de euros ingresados en 2023 por la entidad representan la cantidad más alta alcanzada desde 2007, aunque suponen solo una leve subida respecto a los 348,9 millones del ejercicio 2022. Lo que sí ha experimentado un crecimiento notable, del 11,9%, es el reparto de los derechos de autor entre socios y administrados: en total 354,1 millones de euros (la cantidad es más elevada que la de recaudación porque incluye algunos ingresos de otros años percibidos más tarde). Igual que el número de personas y sociedades que han percibido estos derechos: ha aumentado un 25,5% hasta 83.148.
Los que más recaudan
Aunque las obras que más dinero recaudan siguen siendo el Concierto de Aranjuez de Joaquín Rodrigo y Macarena de Los del Río, en los tres últimos años los autores que se disputan las primeras posiciones en el ranking de cobro de derechos de autor son Alejandro Sanz, Joaquín Sabina, Joan Manuel Serrat, Manuel Carrasco, Juan Luis Guerra y Pablo Alborán, si bien cada vez más músicos urbanos ascienden en la lista, es el caso de Quevedo o Saiko en el último año gracias al bum digital y de los conciertos en vivo (por los que perciben el 8% de la taquilla). Estos últimos músicos están contribuyendo a rebajar la edad media de los socios de la SGAE.
Perpiñá-Robert no espera que se repitan los máximos de recaudación de la época dorada de los derechos de autor con los discos, antes de la explosión digital y el streaming, pero está satisfecha porque por primera vez los ingresos internacionales han superado los 30 millones de euros, también la recaudación digital ha sido récord, y la de los conciertos en vivo se ha mantenido. El consumidor español es muy particular, explica, igual que no gasta en comprar música digital, sí desembolsa unas cantidades importantes por acudir a conciertos, estos espectáculos se han convertido en la tercera fuente de ingresos para la sociedad de autores, con el 15,8% del total, por delante del digital, que pesa el 13,8%, “aunque en otros países es la primera fuente de ingresos”. Televisiones y radios son los principales pagadores a la SGAE (26,4%) y discotecas y bares los segundos (19,4%).
Hoy. Porque el futuro plagado de inteligencia artificial generativa es una grave amenaza para los autores y su propiedad intelectual. Un contexto en el que la SGAE trabaja en el reglamento a nivel europeo para que se respeten los derechos de autor: los creadores deben autorizar que se use su obra y deben ser compensados por ello, sostiene la ejecutiva, que cree que también han de protegerse las obras generadas por las máquinas para evitar que haya un mercado paralelo que pueda desplazar a los creadores. “Existe preocupación”. “Tenemos que buscar un modelo sostenible”, dice la líder de la novena entidad de gestión de derechos de autor del mundo por ingresos, según la Confederación Internacional de Sociedades de Autores y Compositores (CISAC), que agrupa a 228 entidades de 119 países.
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